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Informe revela a los responsables del fuego que arrasó con 12,6 millones de hectáreas en Bolivia

Un nuevo informe de la Fundación TIERRA arroja luz sobre los actores detrás de los incendios forestales que devastaron 12,6 millones de hectáreas en Bolivia. Titulado “Incendios forestales 2024: Tras las huellas del fuego”, el documento identifica responsabilidades, patrones y dinámicas detrás de una de las mayores catástrofes ambientales del país.

Un nuevo informe de la Fundación TIERRA arroja luz sobre los actores detrás de los incendios forestales que devastaron 12,6 millones de hectáreas en Bolivia. Titulado “Incendios forestales 2024: Tras las huellas del fuego”, el documento identifica responsabilidades, patrones y dinámicas detrás de una de las mayores catástrofes ambientales del país.

La investigación revela datos claves sobre los territorios más afectados, el papel de actores económicos y políticos en la expansión de la frontera agrícola, y las consecuencias sociales y ambientales del fuego. Además, plantea recomendaciones urgentes para frenar la creciente crisis ecológica que enfrenta Bolivia.

El documento —que fue producido gracias al apoyo de la Iniciativa Ambiental TeamEurope (Unión Europea y Suecia)— confirma la cifra de afectación de 12,6 millones de hectáreas, que es la más alta de la historia boliviana, dejando en segundo lugar lo sucedido en 2019, cuando se quemaron 5,3 millones de hectáreas. El informe identifica plenamente a cuatro grupos responsables, que posibilitaron el desastre de la pasada gestión.

En primer lugar, están los asentamientos ilegales en áreas protegidas, que se trata de ocupantes irregulares que figuran formalmente como comunidades campesinas, indígenas o interculturales, así como propietarios individuales que operan en zonas prohibidas para actividades agropecuarias.

En segundo lugar, están los ocupantes ilegales en territorios indígenas, que son actores externos que controlan grandes áreas dentro de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) mediante acuerdos no regulados con algunas dirigencias indígenas, vulnerando derechos constitucionalizados.

En tercer lugar, se identifica a las empresas agropecuarias legales con prácticas ilegales, que son las medianas y grandes propiedades tituladas que están realizando una conversión irregular de tierras forestales a campos de monocultivos, impulsadas por el rentable mercado de la soya.

Finalmente se identificó a las comunidades en tierras fiscales, que son asentamientos que, pese a comprometerse inicialmente a implementar sistemas agroforestales, obtuvieron permisos para desmontes masivos y están adoptando rápidamente el modelo de monocultivos.

El documento analiza con particular detalle el caso del departamento de Santa Cruz, donde se concentró el 68% de la superficie quemada (8,5 millones de hectáreas), seguido por el departamento de Beni con 3,4 millones de hectáreas (28%). Entre ambas regiones suman el 96% del área total destruida.

Los orígenes del desastre

Uno de los hallazgos más significativos del informe es que el 60% de la superficie afectada corresponde a ecosistemas boscosos, lo que representa 7,6 millones de hectáreas de bosque perdido. Las investigaciones determinaron que los incendios tuvieron un origen predominantemente intencional: el 66% fueron clasificados como quemas malintencionadas y el 34% restante como quemas agropecuarias no controladas.

«Estos datos evidencian grandes debilidades en el manejo integral del fuego y serias deficiencias en la fiscalización por parte de las autoridades agroambientales», señala el documento.

El informe identifica como causa estructural la expansión descontrolada de la agricultura mecanizada, principalmente el cultivo de soya, que «crece a expensas de los bosques amazónicos y externaliza sus costos ambientales».

El documento recolecta datos importantes sobre los incendios y también plantea al menos seis ideas concretas para evitar que en 2025 Bolivia vuelva a transitar por ese camino.

Fuente: www.ftierra.org

 

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